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Que un acto sea motivado significa que la decisión o acción tomada está fundamentada y explicada, proporcionando las razones y argumentos que la justifican. En términos legales y administrativos, la motivación de un acto es esencial para garantizar la transparencia, la legalidad y la legitimidad de las decisiones, permitiendo a las partes afectadas entender las bases y criterios en los que se apoyan.

En el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se establecen una relación de actos administrativos, que han de ser motivados obligatoriamente:

• Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.
• Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión.
• Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos.
• Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56
• Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias.
• Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados.
• Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la
• Administración en procedimientos iniciados de oficio.
• Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial.
• Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.

Los ciudadanos o interesados tienen derecho a negarse a aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. La administración actuante podrá consultar o recopilar esta documentación salvo que el interesado se oponga a ello.

Los procedimientos administrativos se inician de oficio o a solicitud del interesado. La iniciación de oficio supone que sean las propias Administraciones Públicas quienes comiencen dicho proceso.